martes, 23 de diciembre de 2014

No por mucho judicializar desaparece la política...

Coincidencias desafortunadas. 



"Cubren su antigua pompa y poderío/ pobre yerba y arena,
y el enemigo que tembló a su brío/ burla y goza en su pena.

Vírgenes, destrenzad la cabellera/ y dadla al vago viento:
acompañad con arpa lastimera/ mi lúgubre lamento.

Desterrados ¡oh Dios! de nuestros lares,/ lloremos duelo tanto:
¿quién calmará ¡oh España! tus pesares?/ ¿quién secará tu llanto"

"A la patria". (fragmento) José de Espronceda, Londres, 1829.


Dos decisiones judiciales coincidieron ayer y eso no es bueno. Coincidencia no es causalidad por mucha confusión que a veces se genere con las mismas.

Una es la decisión del juez Castro de imputar a la Infanta Cristina por colaboración necesaria para la comisión de delitos que presuntamente existen en esa causa. Algo que parece casi obvio y que en la resoulción del proceso acabará de quedar claro quienes sean los corruptores, los corrompidos y los distintos grados de culpabilidad aplicable para delitos que parecen suficientemente probados. Nada fuera de la que debiera ser la normalidad en todo Estado de derecho. Si hay delito, debe haber la pena que corresponda. Nada que decir, aparte de agradecer el recto criterio que, en mi opinión, este juez demuestra.

La otra decisión judicial, esta colectiva pues viene del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es la aceptación de la querella contra Mas y dos miembros de su gobierno, con los detalles jurídicos que comporta, que no puedo juzgar. Pero como ciudadano si puedo valorar esa decisión. Judicializar la política es lo que hace, forzosamente, este Tribunal, que no puede por menos que aplicar la Ley pues de lo contrario perderían su propia razón institucional de existencia. De nuevo, si hay delito, debe juzgarse y castigarse adecuada y proporcionalmente.


Pero el problema en este caso (y de ahí lo de "desafortunada coincidencia" pues la naturaleza de estos dos "casos" es radicalmente distinta) es que el delito mayor que a mi juicio existe en el "caso Mas" es de naturaleza política (al tomar decisiones administrativas un ejecutivo sin legitimidad alguna para tomarlas, quebrando la autoridad del Estado) llevando a la confusión, al engaño y al miedo a millones de ciudadanos, con acciones que tendrían que haber sido impedidas aplicando las normas POLÏTICAS vigentes (art. 155 de la Constitución Española, con intervención del senado y del Ejecutivo nacional) de modo que a unas infracciones "políticas" se contestara con la decisión poítica ejecutiva, y sobradamente legitimada, del propio Gobierno.

Si se hubiera procedido a la remoción de esos cargos por no haber aplicado (y defendido) el marco legal establecido, y ello hubiera sido considerada contrafuero por alguien, esos (en ese caso Mas y su gobierno) hubieran sido los llamados a recurrir al poder judicial oportuno. Y se habría hecho justicia sin que nadie se prestara a engaño.

Pero las acciones de ese gobierno regional que ha pisoteado el marco legal establecido (para mi no hay duda alguna de ello, con una simple lectura de la Constitución, y tal como ya se había establecido en decisiones tanto del TC como del Supremo) no tuvieron respuesta política y la inacción posterior (y anterior al 9-N que nunca debió "celebrarse" por ser una burla de la ley) del Gobierno de la nación es la que ha llevado a esta absurda situación, en la que los jueces han de sancionar a unos cuantos que habrían cometido delitos "menores" aunque gravísimos, y dejar sin castigo a los que han dañado de forma clara al Estado que todos vienen obligados a defender.

Pero nadie en España parece dispuesto a exigirle al Gobierno su cuota, la mayor, de responsabilidad en esta situación. ¿O si? A lo mejor el soberano último ya tiene hecho su juicio y hasta su sentencia. Pero las cosas de este palacio (el de la soberanía del pueblo) también suelen ir despacio.

Andrés Holgado Maestre, Mérida y Diciembre, 23 de 2014